Haití se desangra—y el Caribe no puede mirar hacia otro lado
Por Sir Ronald Sanders
Haití sigue sumido en una profunda crisis mientras las bandas criminales consolidan su control violento sobre casi el 90 por ciento de Puerto Príncipe y otras partes del país. Estos grupos armados se han convertido en un régimen de terror de facto.
Especialmente escalofriante es la violencia sexual generalizada que se utiliza como una retorcida recompensa para los miembros de las bandas, algunos de tan solo 14 años. Como señalé en mi comentario anterior, mujeres jóvenes y niñas están siendo violadas con total impunidad en las zonas controladas por las pandillas. Los secuestros para pedir rescate son un temor cotidiano, y la vida normal solo se experimenta en breves momentos. El trauma infligido a la sociedad haitiana es incalculable.
El Consejo Nacional de Transición (CNT), encargado de gobernar Haití hasta febrero de 2026, no ha logrado contener esta caída hacia el caos. La Policía Nacional Haitiana está superada en número y en armamento. Mientras tanto, la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MMAS), compuesta principalmente por tropas kenianas y desplegada ante la ausencia de una fuerza autorizada por el Consejo de Seguridad de la ONU, permanece en gran medida confinada a sus cuarteles. Sin financiación y sin un mandato claro para usar la fuerza, su capacidad para enfrentar a las bandas es prácticamente inexistente.
Ante esta cruda realidad, el CNT ha tomado una medida extraordinaria y controvertida: contratar a un grupo privado de mercenarios para combatir a las pandillas. Hasta la semana pasada, esta iniciativa no había sido anunciada ni explicada oficialmente. El CNT no había identificado al grupo involucrado, ni revelado los términos financieros ni las reglas de enfrentamiento. Sorprendentemente, esta medida ha recibido escasa atención de la prensa internacional. Pero ahora están empezando a salir a la luz más detalles.
Según el periódico británico The Guardian, el grupo mercenario ha desplegado drones kamikazes de “vista en primera persona” (FPV), equipados con explosivos comerciales para minería, con el fin de identificar y eliminar a líderes de bandas. Pero tras tres meses de operaciones, no se ha confirmado la muerte de ningún líder. En cambio, varios ataques han dañado edificios en zonas controladas por pandillas y podrían haber causado víctimas civiles. Estos hechos son peligrosos en un entorno frágil y densamente poblado.
Sin embargo, la decisión del CNT no carece de lógica. Con una MMAS paralizada, una policía nacional comprometida y sin asistencia militar internacional bajo autoridad de la ONU, los líderes haitianos están al límite. En ese vacío, los mercenarios parecen ser los únicos actores que enfrentan directamente a las bandas. Incluso algunos defensores de los derechos humanos en Haití han llegado a considerar con resignación el uso de mercenarios como un "mal necesario".
Pero este camino conlleva enormes riesgos. Como advertí anteriormente, es solo cuestión de tiempo antes de que las bandas respondan utilizando la misma tecnología. Ese momento podría estar cerca. El mes pasado se informó que tres presuntos miembros de bandas fueron arrestados en la vecina República Dominicana mientras intentaban comprar drones. Mientras tanto, el grupo mercenario en Haití estaría conformando una fuerza de ataque de 150 personas entre haitianos radicados en el extranjero con experiencia previa en las fuerzas armadas de Canadá, Francia y Estados Unidos. Un importante arsenal ya habría sido introducido al país.
No me sorprende esta evolución. Hace más de dos años, líderes de la diáspora haitiana en Estados Unidos me dijeron que estaban dispuestos a organizarse como una fuerza de tipo militar bajo un liderazgo creíble para enfrentar a las bandas. Ya tenían un plan organizativo. Esa visión ahora parece estar tomando forma.
Algunas voces —como la del Secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio— han sugerido que, ante la inacción del Consejo de Seguridad de la ONU, la Organización de los Estados Americanos (OEA) debería asumir el liderazgo. Sin embargo, la OEA no tiene capacidad militar, y su Carta prohíbe la intervención en los asuntos internos de sus Estados miembros. Incluso si el gobierno haitiano la invitara, otros gobiernos dudarían ante la falta de autoridad internacional.
Es en este contexto que la OEA celebró su 55ª Sesión Ordinaria de la Asamblea General el 27 de junio de 2025 en Antigua y Barbuda. La Asamblea adoptó una resolución titulada: “Haciendo un llamado a soluciones concretas para resolver la grave crisis de seguridad e institucional en Haití.”
La resolución reconoce el colapso profundo de la seguridad, la política, la economía y la situación humanitaria en Haití. Hace un llamado a una cooperación internacional urgente y coordinada —multilateral, regional y bilateral— para apoyar a Haití; asistencia para restaurar el orden público, facilitar ayuda humanitaria y organizar elecciones libres y justas; mayores contribuciones a la MMAS y a la policía haitiana; refuerzo del control de armas y lucha contra su tráfico ilegal; reformas judiciales y esfuerzos anticorrupción para abordar las causas estructurales de la inestabilidad; y un plazo de 45 días para que el Secretario General de la OEA presente un Plan de Acción consolidado —elaborado en consulta con Haití y la ONU— que sirva como hoja de ruta estructurada para el apoyo institucional y la recuperación nacional.
El problema es que esta resolución no es vinculante para nadie, y el Secretario General no puede elaborar un plan que no esté aprobado, mandatado y financiado por los Estados miembros. Así que, aunque la resolución es alentadora, sigue siendo solo palabras sobre papel. Haití necesita acción, no solo expresiones de compromiso. Requiere recursos, no solo retórica.
Peor aún, el presidente de EE. UU., Donald Trump, ha solicitado recortar 9.400 millones de dólares de las contribuciones a la ONU. Como señaló recientemente la columnista Jacqueline Charles en The Miami Herald, esto pondría en peligro programas para Haití, incluida la MMAS.
Si esta crisis se intensifica —como todo indica que ocurrirá— sus consecuencias no se detendrán en las fronteras haitianas. La presión migratoria regional, el crimen transnacional y las consecuencias humanitarias nos afectarán a todos. La guerra con drones, pandillas y mercenarios no salvará al pueblo haitiano del sufrimiento. Puede parecer necesaria por desesperación, pero cuanto más dure este camino de violencia, más difícil será alcanzar una solución pacífica.
CARICOM no tiene ni el dinero ni las tropas para ayudar a Haití. Aun así, sí tiene capacidad de coordinación diplomática, de respuesta humanitaria y de defensa de alto nivel ante la ONU, así como para ayudar a que el plan del Secretario General de la OEA se convierta en realidad.
El Caribe no puede mirar hacia otro lado. Los gobiernos de CARICOM deben continuar buscando nuevas formas de ofrecer a Haití un compromiso significativo.
(El autor es embajador de Antigua y Barbuda ante los Estados Unidos y la OEA. También es el Decano del Cuerpo Diplomático de la OEA. Las opiniones expresadas son exclusivamente suyas. Respuestas y artículos anteriores: www.sirronaldsanders.com)