Guatemala, el país más grande de Centroamérica, está pasando por una prueba crítica de su compromiso con la democracia y el estado de derecho en sus elecciones presidenciales. El resultado dará forma a la estabilidad política y social del país, al desarrollo económico y a la posición internacional, particularmente dentro de la Organización de Estados Americanos (OEA). Las elecciones generales del 25 de junio concluyeron exitosamente, pero ningún candidato obtuvo la mayoría requerida para reemplazar al presidente en funciones Alejandro Giammattei, cuyo mandato termina en enero de 2024. Sorprendiendo a muchos, Bernardo Arévalo del partido Movimiento Semilla emergió como el segundo candidato más votado, haciendo campaña contra la corrupción y ganando un fuerte apoyo de base. Este desarrollo claramente causó consternación entre las personas en las ramas ejecutiva y judicial del gobierno que pudieron haberse sentido amenazadas por la posibilidad de que Arévalo ganara las elecciones de segunda vuelta contra Sandra Torres, líder del partido Unidad Nacional de la Esperanza, programadas para el 20 de agosto. La presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Margaret Macaulay, describió la secuencia de eventos perturbadores que siguieron de esta manera: "El 12 de julio, el mismo día que el Tribunal Supremo Electoral ratificó la validez de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, la Fiscalía, por medio de su Fiscalía Especial contra la Corrupción y el Delito, anunció una investigación criminal contra el partido político Movimiento Semilla [-] Además, a petición de la Fiscalía, un juez penal había ordenado al Tribunal Supremo Electoral que suspendiera provisionalmente el estatus legal del partido para evitar que sus miembros "participaran en cualquier evento político posterior". La presidenta de la CIDH también señaló que "el 21 de julio, se emitieron órdenes de arresto contra miembros del Movimiento Semilla, cuyas oficinas fueron allanadas, y se emitió una orden de arresto contra un funcionario del Registro Ciudadano del Tribunal Supremo Electoral, y se realizaron nuevos allanamientos en estas instalaciones". La relatoría de estos eventos fue respaldada por la Dra. Irma Elizabeth Palencia Orellana, la Magistrada Presidenta del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala, quien dijo en una reunión del Consejo Permanente de la OEA el 26 de julio que “se tomaron acciones contra el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, que incluyeron búsquedas arbitrarias y solicitudes”, incluyendo “retención de trabajadores durante más de diez horas seguidas, detrás de puertas cerradas; el uso de máscaras de esquí y armas de fuego, cuando nuestro personal son civiles desarmados y nuestras oficinas son administrativas”. La Dra. Orellana señaló que estas acciones violaban injustificadamente las disposiciones constitucionales. También llamó la atención específicamente sobre el artículo 92 de la ley electoral que establece que “un partido no puede ser suspendido después de que se haya convocado a una elección y hasta después de que se haya realizado la elección”. Todo esto causó una gran alarma entre los estados miembros de la OEA, que, junto con la Unión Europea, habían enviado Misiones de Observación Electoral a Guatemala. Ninguna misión encontró evidencia de fraude o irregularidades mayores que pusieran en duda los resultados de las elecciones. La misión de la OEA advirtió que "alimentar una narrativa de fraude sin apoyo probatorio socava la voluntad del pueblo y las instituciones democráticas". En este contexto, el 26 de julio, el Consejo Permanente de la OEA acogió con beneplácito la invitación del presidente de Guatemala al Secretario General, Luis Almagro, para “reunirse con las autoridades gubernamentales y las instituciones estatales con respecto al proceso electoral”. También fue particularmente útil que la carta también señalara “que esta visita no interfiere con el trabajo que la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos llevará a cabo”. Esta invitación es un paso positivo por parte del gobierno guatemalteco, demostrando una disposición al diálogo y, esperemos, a explorar formas de garantizar que se otorgarán garantías claras, permitiendo que el Tribunal Supremo Electoral lleve a cabo las elecciones presidenciales de segunda vuelta con la misma imparcialidad que empleó en la realización de las elecciones generales del 25 de junio. Igualmente importante será un compromiso de que el uso indebido actual del sistema legal para alterar o influir en el resultado de las elecciones, como describió la Magistrada Presidenta, Dra. Orellana, cesará. Antigua y Barbuda, Canadá, Costa Rica, Colombia y Estados Unidos jugaron un papel destacado en avanzar las preocupaciones sobre las amenazas al proceso electoral de Guatemala, un pilar de la democracia en el hemisferio. Respetar la voluntad del pueblo a través de elecciones libres y justas es fundamental para proteger los derechos humanos y políticos de ser eclipsados por la dictadura y el caos. El Secretario General Almagro irá a Guatemala el 1 de agosto, solo 19 días antes de las elecciones presidenciales de segunda vuelta programadas para el 20 de agosto. El éxito de sus discusiones será pivotal para el futuro de la democracia en Guatemala. En este momento crítico, las autoridades guatemaltecas deben demostrar un compromiso inquebrantable con la democracia, la transparencia y el estado de derecho, no solo por el bien de la nación, sino también por la confianza de la comunidad internacional.